En la primera reunión paritaria con autoridades del gobierno de Milei, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu)reclamó un urgente aumento salarial. Como respuesta, el Gobierno se comprometió a convocar la semana próxima a nueva audiencia, en la que presentará una propuesta salarial concreta.

El secretario general de Conadu, Carlos De Feo, señaló que el deterioro salarial de los  dos primeros meses de gobierno de Javier Milei ya supera lo perdido por el sector durante los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri. Por eso subrayó que es indispensable avanzar rápidamente con la recuperación salarial en la paritaria.

Durante el encuentro con el Secretario de Educación, Carlos Torrendel; el Secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Omar Yasín; y el Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, Conadu reafirmó la preocupación por el cobro de salarios derivada de la interrupción del acuerdo establecido con el Banco Nación y exigió que este tema tenga una solución definitiva, ya que lo resuelto esta semana destrabó el pago de este mes pero no garantiza que no vuelva a ocurrir en los próximos meses. La garantía del pago en fecha por parte de la entidad bancaria fue el resultado de una lucha dada por la Federación

También cuestionó lo expresado por el gobierno de reiterar para 2024 el presupuesto ejecutado para el sistema universitario durante el año pasado. Se marcó la necesidad de ampliarlo y de que los sindicatos sean parte de la discusión política sobre el destino de esos fondos, en función de que la docencia participe de la política educativa a través de sus representantes.

Respecto a las jubilaciones, Conadu reclamó que se revise la fórmula de cálculo del régimen jubilatorio de quienes desarrollan la docencia investigación, como así también que se reabran las comisiones de negociación establecidas en el Convenio Colectivo de Trabajo.

Finalmente, la Federación a la que AGDU pertenece como gremio de base, presentó su oposición a la Ley Ómnibus en general, a la decisión de declarar la esencialidad del nivel obligatorio afectando al nivel preuniversitario, al retroceso en torno a lo legislado sobre Impuesto a las Ganancias y, especialmente, a los puntos referidos a la Educación Superior, ya que en un marco de restricción presupuestaria permiten y abren la puerta a la mercantilización y privatización de las universidades.