Durante el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de Conadu que se desarrolló el martes 26 de diciembre, desde AGDU expresamos, junto a los demás sindicatos de base que integran la Federación, la necesidad de abrir la paritaria universitaria en forma perentoria.
Ante la aceleración del proceso inflacionario provocado por las disposiciones del Gobierno nacional, nuestros salarios sufrirán una vertiginosa pérdida del poder adquisitivo si no se resuelven medidas compensatorias.
Coincidimos en advertir también el terrible ajuste que significará para las universidades la decisión del Gobierno nacional de asignar el mismo presupuesto que fuera aprobado para el año 2023. Esto afectará los salarios de docentes y no docentes, las becas estudiantiles y la continuidad de todas las actividades universitarias, menoscabando el derecho a la educación superior, que el Estado tiene la obligación de asegurar.
Expresamos el rechazo de la devaluación, los despidos en el Estado, la quita de subsidios, la liberación de precios y tarifas, la desregulación del mercado inmobiliario, el restablecimiento de impuestos regresivos, la paralización de la obra pública, el congelamiento del presupuesto, entre otras medidas adoptadas por el Gobierno, que producen un grave deterioro de las condiciones de vida de la población trabajadora y que tendrán rápidamente efectos aún más severos.
Y ratificamos la decisión de participar en el Plenario de CTA, CTA-A y CFT que se desarrollará el jueves 28 de diciembre.
El Plenario, que contó con la participación de 20 sindicatos de base, también resolvió los siguientes puntos:
-Denunciar el carácter inconstitucional y persecutorio del Protocolo establecido por el Ministerio de Seguridad, que pretende desactivar la movilización y la expresión de la protesta social amenazando penalizar a personas y organizaciones.
-Repudiar el DNU 70, que violenta la división republicana de los Poderes del Estado y avasalla las atribuciones del Congreso Nacional, al derogar, modificar e ignorar leyes establecidas, con la pretensión de imponer la primarización, financiarización y extranjerización de la economía, junto al cercenamiento de derechos colectivos e individuales que constituyen conquistas de nuestra democracia, y la eliminación de políticas e instituciones que son imprescindibles para el desarrollo soberano y la atención de las necesidades de nuestro pueblo.
-Advertir que en ese decreto se incluye una reforma laboral brutalmente regresiva, que suprime o limita derechos fundamentales que forman parte de una legislación protectiva que es resultado de luchas históricas de la clase trabajadora en nuestro país y en el mundo. Entre estas reformas se cuentan aquellas que precarizan de diversas maneras las condiciones laborales, pero también las que afectan la libertad de asociación para la defensa de los derechos, como la declaración de la esencialidad de la educación, que pretende cercenar el derecho de huelga en el sector.